Cristina Fernández de Kirchner publicó una extensa carta abierta por la cual anunció que recurrirá a las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la persecución judicial que sufrió, que culminó con un régimen estricto de prisión domiciliaria y proscripción política. En el documento titulado “El costo democrático de la politización de la justicia”, la expresidenta no solo ratifica su inocencia tras la condena por la causa Vialidad, sino que anuncia una contraofensiva legal en el Comité de Derechos Humanos de la ONU ante lo que considera una persecución política coordinada por el Poder Judicial.
La exmandataria vincula directamente su situación judicial con una estrategia de "proscripción" que busca excluirla del mapa electoral y disciplinar a la política. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, subrayó en la misiva. Según explayó, esta maniobra no solo la afecta a ella, sino que “constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina” al arrebatarle al pueblo la posibilidad de elegir.
En este camino, apuntó al agotamiento de los mecanismos de protección interna en una Argentina donde las garantías parecen haberse suspendido para los opositores al gobierno de Javier Milei. Ante esto, confirmó que presentó una comunicación individual ante las Naciones Unidas. Para esta etapa, convocó a los abogados extranjeros Javier Borrego (España) exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entre 2003 y 2008, y Rafael (Brasil), quien integró la estrategia jurídica internacional del presidente brasileño, Lula da Silva, cuyo caso terminó con un dictamen favorable de la ONU en 2022.
Uno de los puntos salientes de su misiva es la denuncia de un sesgo de género en la justicia. Kirchner sostiene que las violaciones a sus derechos nacen de un “machismo estructural” y que fue juzgada no solo por sus políticas, sino fundamentalmente por su condición de mujer. En este sentido, planteó una pregunta retórica cargada de ironía sobre su lugar en la historia: “Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”.
La carta cerró con una fuerte apelación a su base militante, con un mensaje que desafía el aislamiento que el Gobierno y la justicia parecen imponerle: “Ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Muy pronto volveremos a encontrarnos”.
Por otra parte, en el escrito presentado ante la ONU, los abogados defensores denunciaron la presunta vulneración de los derechos políticos de la ex presidenta, del derecho a un juicio justo, a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, a ejercer una defensa adecuada y a la revisión efectiva de la condena.
