La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Justicia un escrito en el que manifiesta su preocupación por la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla prisión domiciliaria en su departamento ubicado en la esquina de San José y Humberto Primo, en el barrio de Constitución. El escrito advierte sobre los "efectos negativos" que podría generar esa decisión en una zona de alta circulación de vehículos y personas.
Según fuentes oficiales, la presentación se realizó siguiendo instrucciones del jefe de Gobierno Jorge Macri. En el documento, se señala que la eventual prisión domiciliaria “afectaría gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales” en un área con alta densidad poblacional y tránsito constante.
La nota fue dirigida al juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), quien debe decidir si concede el arresto domiciliario a la exmandataria, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Gobierno de la Ciudad alertó que desde que la Corte Suprema dejó firme la condena, ya se vienen registrando "concentraciones, cortes de calle, ruidos molestos y sobrecarga operativa” en la zona. Por ello, solicita la implementación de “medidas excepcionales” para preservar el orden público y garantizar los servicios urbanos, con intervención conjunta de autoridades nacionales y locales.
Aunque el TOF 2 ordenó una inspección del estado edilicio del domicilio y su entorno barrial, desde la Procuración porteña cuestionan que sólo se hayan requerido informes a organismos federales, sin dar intervención a las autoridades de la Ciudad.
“El inmueble ofrecido se ubica en una zona estratégica del barrio Constitución, con alta concentración vehicular y peatonal, en el cruce de arterias clave como la Avenida 9 de Julio, Independencia y Entre Ríos”, dice el escrito. Según el gobierno local, esto podría generar “graves y sostenidas afectaciones” al tránsito y la vida urbana.
También se advierte que la zona podría quedar expuesta a bloqueos que obstruyan servicios esenciales como la recolección de residuos, el paso de ambulancias o tareas de mantenimiento de redes.
“El operativo de seguridad permanente que requeriría una figura política de alto perfil afectaría sensiblemente el normal desarrollo de las actividades académicas”, advierte la nota.
